En medio de cambios que impactan en pensiones y prestaciones, miles de personas salieron a la calle en distintas ciudades, incluida Salta, para rechazar lo que consideran un ajuste sobre uno de los sectores más vulnerables.
La reforma del sistema de discapacidad impulsada por el Gobierno en Argentina no solo genera debate político, sino que también genera reacción social ya que, en las últimas horas, se realizaron marchas, paros y movilizaciones en distintos puntos del país, donde familias, profesionales y organizaciones expresaron su rechazo.
Según distintos reportes, el reclamo apunta a algo claro: no se trata solo de auditorías, se trata de un ajuste que ya impacta en la vida cotidiana
En la ciudad de Salta, la convocatoria se concentró en el Monumento a Güemes y avanzó hacia la Legislatura provincial. Participaron familias, profesionales del área, organizaciones del sector, el objetivo fue visibilizar una situación que, según denuncian, ya es crítica.
Las movilizaciones no fueron aisladas; se replicaron en distintos puntos del país, con concentraciones frente a organismos públicos y espacios institucionales. El paro y las marchas del 22 de abril fueron convocados bajo consignas como: actualización urgente de aranceles, pago de deudas, continuidad de tratamientos
Las protestas no son nuevas ya que durante los últimos meses ya se habían registrado: marchas frente al Ministerio de Salud, reclamos por pagos atrasados, denuncias por falta de prestaciones.
En algunas de estas movilizaciones incluso hubo momentos de tensión con las fuerzas de seguridad.
Las consignas se repiten en todo el país: “Cumplan con la ley”, “No al ajuste en discapacidad”, “Sin prestaciones no hay derechos”.
Según reportes de Página/12, las familias advierten que la situación podría derivar en: suspensión de tratamientos, cierre de servicios, abandono del sistema.
Las movilizaciones se dan en paralelo a una reforma que, según denuncian distintos sectores, incluye: revisión y recorte de pensiones, falta de actualización frente a la inflación, dificultades en el acceso a prestaciones, cambios que afectan la inclusión laboral.
Todo esto en un contexto donde ya se denuncian recortes presupuestarios significativos en el área.
Las marchas dejan un mensaje claro: esto no es solo un debate técnico es un conflicto social, porque lo que está en discusión no es solo una ley, es el acceso a derechos básicos.
Las calles hablaron en Salta y en todo el país, miles de personas salieron a decir lo mismo: que la discapacidad no puede ser una variable de ajuste y ahora la pregunta es otra: ¿el Gobierno va a escuchar el reclamo… o va a avanzar igual?
En la realidad de la discapacidad, el costo del ajuste no puede ser la dignidad
En medio de cambios que impactan en pensiones y prestaciones, miles de personas salieron a la calle en distintas ciudades, incluida Salta, para rechazar lo que consideran un ajuste sobre uno de los sectores más vulnerables.
La reforma del sistema de discapacidad impulsada por el Gobierno en Argentina no solo genera debate político, sino que también genera reacción social ya que, en las últimas horas, se realizaron marchas, paros y movilizaciones en distintos puntos del país, donde familias, profesionales y organizaciones expresaron su rechazo.
Según distintos reportes, el reclamo apunta a algo claro: no se trata solo de auditorías, se trata de un ajuste que ya impacta en la vida cotidiana
En la ciudad de Salta, la convocatoria se concentró en el Monumento a Güemes y avanzó hacia la Legislatura provincial. Participaron familias, profesionales del área, organizaciones del sector, el objetivo fue visibilizar una situación que, según denuncian, ya es crítica.
Las movilizaciones no fueron aisladas; se replicaron en distintos puntos del país, con concentraciones frente a organismos públicos y espacios institucionales. El paro y las marchas del 22 de abril fueron convocados bajo consignas como: actualización urgente de aranceles, pago de deudas, continuidad de tratamientos
Las protestas no son nuevas ya que durante los últimos meses ya se habían registrado: marchas frente al Ministerio de Salud, reclamos por pagos atrasados, denuncias por falta de prestaciones.
En algunas de estas movilizaciones incluso hubo momentos de tensión con las fuerzas de seguridad.
Las consignas se repiten en todo el país: “Cumplan con la ley”, “No al ajuste en discapacidad”, “Sin prestaciones no hay derechos”.
Según reportes de Página/12, las familias advierten que la situación podría derivar en: suspensión de tratamientos, cierre de servicios, abandono del sistema.
Las movilizaciones se dan en paralelo a una reforma que, según denuncian distintos sectores, incluye: revisión y recorte de pensiones, falta de actualización frente a la inflación, dificultades en el acceso a prestaciones, cambios que afectan la inclusión laboral.
Todo esto en un contexto donde ya se denuncian recortes presupuestarios significativos en el área.
Las marchas dejan un mensaje claro: esto no es solo un debate técnico es un conflicto social, porque lo que está en discusión no es solo una ley, es el acceso a derechos básicos.
Las calles hablaron en Salta y en todo el país, miles de personas salieron a decir lo mismo: que la discapacidad no puede ser una variable de ajuste y ahora la pregunta es otra: ¿el Gobierno va a escuchar el reclamo… o va a avanzar igual?
OPINIÓN DEL PERIODISTA
La discapacidad no puede ser el costo del ajuste, ya que cuando el ajuste llega a la discapacidad, ya no es economía: es abandono; hay ajustes que se pueden discutir y hay otros que no deberían ni siquiera plantearse, ni siquiera pensarse; lo que está ocurriendo con la discapacidad en Argentina entra en esta segunda categoría, porque no estamos hablando de números, no estamos hablando de un gasto más dentro de una planilla; estamos hablando de dignidad
El Gobierno insiste en hablar de orden, de auditorías, de control, pero el problema no está en auditar, el problema es hacia dónde se dirige ese ajuste y hoy ese ajuste apunta a uno de los sectores más vulnerables: la discapacidad y ese sector, no puede ser el costo de ninguna política económica.
La reforma expone tensiones difíciles de explicar, por un lado, se habla de inclusión; por otro, se toman medidas que parecen ir en sentido contrario ¿Cómo se promueve la inclusión laboral si trabajar puede implicar perder una pensión?, ¿Cómo se garantiza una vida digna si los ingresos no se actualizan frente a la inflación? ¿Cómo se habla de derechos si se ponen en duda tratamientos esenciales? Estas son preguntas que no tienen respuestas claras, pero sí tienen consecuencias concretas.
Detrás de cada decisión hay una persona, un chico que necesita terapias, una familia que depende de una prestación, un adulto que intenta sostener su vida con lo mínimo.
Cuando se recorta en discapacidad, no se recorta un presupuesto se recorta calidad de vida.
La discusión no es técnica, es profundamente humana porque una sociedad se mide también por cómo cuida a quienes más lo necesitan y hoy esa discusión está abierta.
Milei, en campaña ¿decía la verdad, cuando aseveraba que los jubilados y los discapacitados no le suman al país?
La respuesta a esta última pregunta sería, para Milei, hacer desaparecer a esos sectores; hacer lo justo y necesario, para el bien del país.
Ese sacrificio, ¿es por el bien del país o es para cerrar números?
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