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Con 30 asesores y poca gestión, Leavy le cuesta a los argentinos 560 millones al año

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El 2025 es un año clave para la política argentina. Se renuevan cargos legislativos a nivel nacional y también en muchas provincias, entre ellas Salta. En ese escenario, varios dirigentes intentarán prolongar su estadía en el poder, apelando a su "experiencia" y asegurando que lo hacen por el bien de la gente.

El sitio todoeldia.com.ar informa que el senador nacional por Salta, Sergio Napoleón “Oso” Leavy, quien culmina su mandato en diciembre de este año, probablemente buscará su reelección en las elecciones nacionales de octubre.

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Leavy, nacido en Tartagal el 22 de noviembre de 1963, inició su carrera política a fines de los años noventa dentro del Partido Justicialista. No es el primero de su familia en ocupar cargos: su abuelo, Napoleón Leavy, fue senador nacional durante el gobierno de Arturo Frondizi, y su tío, Luciano Leavy, presidió la Cámara de Diputados de Salta bajo la gestión de Bernardino Biella.

Desde el 10 de diciembre de 2019, ocupa una banca en el Senado de la Nación. Su gestión, sin embargo, no parece estar a la altura del gasto que implica su permanencia en el cargo.

$ 559.868.075, bonito número para poca eficiencia.

Estructura costosa con escasa producción legislativa

El senador Leavy mantiene una estructura de 23 asesores, entre planta permanente, contratados y personal bajo régimen de locación de servicios. Según datos correspondientes a diciembre de 2024, el gasto mensual de ese equipo supera los 35 millones de pesos, lo que equivale a un costo anual de unos 560 millones de pesos para el Estado nacional, sin contar aumentos acumulados en 2025. Su propio salario se estima en alrededor de 8 millones mensuales, sin proyectar el aumento que ya suena para los senadores nacionales, luego de vencer el período de congelamiento que regía para ellos.

Entre sus asesores figura la ex diputada provincial Jorgelina “Koky” Juárez, actual vicepresidenta del Partido de la Victoria en Salta y recientemente incorporada a una de las listas que impulsa Marcelo Lara Gros como diputado por Orán. El salario mensual de Juárez como asesora ronda los 824 mil pesos.

El detalle de la estructura muestra:

8 asesores de planta permanente

15 asesores contratados

10 bajo locación de servicios

Toda esta maquinaria institucional contrasta con una productividad legislativa más que modesta. En el último año, Leavy presentó:

3 proyectos de ley

21 proyectos de declaración

12 proyectos de comunicación

23 reproducciones de proyectos ya presentados anteriormente

Entre sus iniciativas más destacadas aparece una propuesta para declarar el 29 de septiembre como Día Nacional de las Peñas Musicales de Folklore, que ya había presentado en 2022 sin que fuera tratado. También figuran declaraciones de beneplácito por el Día del Médico Rural (4 de julio) y el Día de la Enfermera (21 de noviembre).

En un contexto donde se discute la eficiencia del gasto público, muchos se preguntan si el Congreso —y en particular el despacho del senador Leavy— necesita semejante estructura para producir tan poco. Los números no mienten: mientras el costo de su banca sigue creciendo, el aporte legislativo del senador salteño parece cada vez más simbólico que real.

OPINIÓN DEL PERIODISTA

Evidentemente, el ciudadano común —ese que intenta ordenar su vida para llegar a fin de mes— vive atrapado en una realidad dual: por un lado, las declaraciones optimistas del presidente Milei que insisten en que la inflación está bajando y, por ende, todo estaría mejorando. Por el otro, la percepción concreta y cotidiana de que los precios siguen subiendo, y que la supervivencia se hace cada vez más cuesta arriba.
En ese contexto, la información presentada en estas líneas no hace más que justificar la indignación creciente de la gente. Porque no se trata de sensaciones ni de ideologías: se trata de números, de realidades verificables. Y el caso del senador nacional Sergio "Oso" Leavy es un ejemplo cabal de esa “casta” política que, mientras pide esfuerzos, no deja de aferrarse a sus privilegios financiados con fondos públicos.
El caso Leavy no sólo representa un gasto desproporcionado para el erario nacional, sino que tampoco muestra una productividad legislativa que, al menos, justifique semejante estructura. Ni siquiera desde una mirada indulgente podría considerarse una buena inversión.
Porque no es una buena inversión.
Deberían modificarse con urgencia ciertos criterios en el Congreso, empezando por el número de asesores. No más de dos. Si algún legislador desea tener más personal, que lo pague de su bolsillo. Ya hemos visto, en más de una oportunidad, cómo esas listas de asesores se llenaban de amigos, parientes y hasta peluqueros del contratante.
Ya es hora de que la clase política —empezando por aquellos con décadas en el rubro— se ponga a la par del ciudadano de a pie. Que también haga el esfuerzo. Que deje de vivir del Estado sin rendir cuentas.
Y si no lo hacen, que den un paso al costado y permitan que nuevas voces, quizás desconocidas, intenten dignificar la política. Porque 24 años de trayectoria no garantizan resultados, y en el caso de Leavy, los resultados están a la vista: pocos, pobres, y demasiado caros.
Total, con la plata ajena, cualquiera es generoso.

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