La continuidad del juez Pablo López Viñals en la Corte de Justicia de Salta se encuentra en el centro de una controversia donde, paradójicamente, el proceso formal lo fortalece, mientras algunos sectores intentan debilitarlo desde lo informal.
Conforme a lo establecido por el procedimiento de selección, se habilitó una etapa de participación ciudadana donde cualquier persona podía avalar o impugnar la candidatura. El resultado fue contundente: más de 2.100 adhesiones o avales y solo tres impugnaciones formales, todas ya respondidas.
Lejos quedaron las designaciones "entre gallos y medianoche" de otras épocas. Hoy, el sistema de control social previo a la decisión política funciona. Y en este caso, funciona a favor de López Viñals.
Apoyos institucionales y personales
El respaldo al magistrado provino desde distintos ámbitos del país y del exterior. Se destacan:
Eduardo Casal, Procurador General de la Nación.
Alberto Binder, presidente de INECIP y referente en reforma judicial penal.
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.
Andrés Harfuch, referente nacional en juicio por jurados.
También adhirieron numerosas asociaciones judiciales, entre ellas:
Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, representado por la Dra. Virginia Solórzano.
Asociación de Magistrados, presidida por Rodolfo Quinteros.
Incluso hubo apoyos provenientes del exterior, como la Fiscalía de Madrid y miembros de programas europeos vinculados a la justicia.
Las objeciones: entre el despecho y la contradicción
Una de las impugnaciones fue presentada por el juez Gonzalo Mariño, afectado por un reciente fallo de la Corte (firmado por López Viñals) que le ordena dejar su cargo por haber superado la edad límite constitucional. La respuesta fue clara: se trata de dos regímenes jurídicos distintos, uno para la Corte y otro para los demás jueces. Además, el fallo fue unánime y se ajustó a la voluntad de la última reforma constitucional.
La segunda impugnación vino de Luis Ángel Caro, quien cuestionó el supuesto rol de López Viñals en sentencias sobre el caso de las turistas francesas y el desenlace fatal de dos jóvenes mujeres estudiantes. Sin embargo, esas decisiones fueron dictadas antes del ingreso del candidato a la Corte.
La tercera objeción, de Díaz Lenes, se contradice con su propia firma previa avalando la continuidad de otra jueza en idéntica situación. Fue refutado públicamente por el constitucionalista Omar Carranza y por abogados que señalaron que su mandato en el Colegio de Abogados estaba vencido.
El rol del Procurador y las campañas por fuera del expediente
Medios afines a ciertos intereses deslizaron críticas a la gestión de López Viñals como Procurador entre 2008 y 2019, especialmente en causas resonantes como la de las turistas francesas. Sin embargo, especialistas consultados por Nuevo Diario aclararon que, bajo el código procesal anterior, los fiscales no dirigían las investigaciones, por lo que el Procurador no tenía intervención directa.
También se descartaron responsabilidades sobre supuestas fallas periciales del C.I.F., ya que este actúa con independencia y el Procurador solo puede intervenir ante denuncias concretas, que jamás existieron en esos casos.
