La propuesta presentada por la diputada Gabriela Brouwer de Koning para eliminar las jubilaciones y beneficios económicos otorgados al clero católico abre un importante debate sobre la equidad y la laicidad del Estado. A primera vista, podría parecer una medida justa bajo el principio de que el Estado debe ser neutral frente a todas las religiones y doctrinas, pero, al analizar más a fondo, surgen ciertas dudas sobre si "ley pareja" es verdaderamente una ley justa en este caso específico.
El planteo de la diputada se fundamenta en la idea de eliminar "privilegios injustificados" en un contexto de crisis, buscando una gestión más racional de los recursos públicos. Sin embargo, resulta fundamental evaluar las implicancias sociales, históricas y culturales que este tipo de medidas puede acarrear. No se debe ignorar que, durante muchos años, el clero ha ocupado roles de relevancia social que van más allá de lo exclusivamente religioso, cumpliendo funciones comunitarias, educativas y asistenciales, en ocasiones, en zonas apartadas donde el Estado no está presente.
Aunque el Comité de Derechos Humanos de la ONU haya cuestionado el trato preferencial que recibe la Iglesia Católica, también es cierto que el ámbito religioso resulta heterogéneo y fundacional en el tejido social argentino. Tratar a todas las entidades por igual bajo parámetros estrictamente económicos pudiera no percibirse como equitativo, sino rígido, desconociendo la diversidad de impactos y aportes que éstas generan en sus comunidades.
Además, ¿qué parámetros se utilizarán para reenfocar los fondos? Si la idea es destinar ese ahorro a programas prioritarios, como salud, educación o desarrollo social, la medida podría aliviar presiones en ciertas áreas. Sin embargo, cabe preguntarse si estos recursos alcanzarán para cubrir las tareas que, históricamente, ciertos sectores del clero han asumido en ausencia del Estado.
La equidad exige más que la simple eliminación de un beneficio; implica un análisis minucioso de las particularidades de cada caso. No todos los sacerdotes, monjas o miembros de comunidades religiosas cuentan con un sustento alternativo, y podría argumentarse que la medida resulta más dañina para aquellos que han dedicado su vida a un trabajo comunitario y social desinteresado. Tal vez este asunto necesite soluciones intermedias, como la creación de un esquema contributivo adaptado o el otorgamiento de subsidios en situaciones puntuales.
Se trata, entonces, de un dilema ético y técnico. ¿Es justo pedir que todos los sectores sean tratados igual cuando las condiciones de partida no son equivalentes? La neutralidad del Estado no debe confundirse con indiferencia hacia aquellos que han aportado desde su rol a la sociedad. La propuesta, aunque legítima en su intención de racionalizar recursos y respetar la laicidad, pareciera necesitar un enfoque más matizado para garantizar que la balanza de la justicia no se incline desmedidamente hacia un lado.
Este parecería ser el caso donde ley pareja no es rigurosa, pero sí dañina.