El título de la nota viene a colación, porque, así como hay obras, también hay juegos. Juegos que se compran en la juguetería, y otros que se juegan solos, sin tablero, sin dados y sin permiso. El que hoy protagonizan el cardiólogo Falú, el IPS y el IMAC se parece bastante a la vieja edición argentina del clásico “Misterio”: todos señalan, todos niegan, todos muestran cartas… pero ninguna termina de cerrar.
En el sobre secreto —ese que nadie abre— debería estar la respuesta:
¿hay fraude, hay error, hay mala fe o hubo un sistema que funciona tan mal que fabrica sospechosos en serie?
En la edición original del juego “Misterio”, uno debía descubrir quién era el culpable, con qué arma y en qué habitación.
En la versión salteña, los jugadores son otros: el doctor Falú, el IMAC y el IPS; el tablero es una combinación de auditorías, declaraciones cruzadas, acusaciones mediáticas y un expediente judicial que todavía no arranca.
Pero lo más parecido al juego sigue intacto: nadie sabe quién miente, quién dice la verdad y quién simplemente no sabe qué carta le tocó jugar.
La única diferencia entre el juego y la realidad es que, acá, las consecuencias no son de cartón: son médicas, políticas y humanas.

Los hechos: lo que está escrito, lo que se dijo y lo que falta por probar

El conflicto estalló cuando desde el Ministerio de Salud se confirmó una denuncia penal realizada por el cardiólogo Edmundo Falú, por el presunto uso indebido de su sello y su firma en prácticas médicas realizadas en el IMAC.
El eco mediático convirtió la situación en un supuesto caso de sobrefacturación, aunque —dato crucial— no hay una denuncia formal por ese concepto, al menos por ahora.
La clínica IMAC, a través de su presidente Fernando Saavedra, negó cualquier maniobra fraudulenta, sosteniendo que “hay cosas raras en todo esto”.
Sostiene que Falú sí tuvo un vínculo laboral prolongado, que atendió pacientes, que hay historias clínicas y auditorías del IPS que lo prueban. No especificó si en la actualidad sigue “adherido” al staff del IMAC.
Falú, por su parte, asegura que no firmó esas órdenes porque ya no tiene nada que ver con ese establecimiento médico.
El IPS dice haber detectado irregularidades, pero todavía no explicó cómo se certificaron esas internaciones en su propio sistema de control.
Tres actores, tres versiones, un expediente sin desenlace.

IMAC: víctima de un sistema o ¿responsable de una irregularidad?

La clínica insiste en que no inventó pacientes, que no hay fantasmas y que la auditoría del IPS estuvo siempre presente.
Saavedra agrega otro dato: desde que IMAC frenó la atención al IPS por falta de pago, “los embates estatales” se multiplicaron.
¿Casualidad? ¿Ruido político? ¿Reacción administrativa?
Depende de quién baraje las cartas.

IPS: denunciante, controlador… y posible damnificado

La obra social aparece como la institución que detectó el problema y alertó al cardiólogo para verificar si –efectivamente- era su firma en las presuntas prácticas médicas realizadas en el IMAC por él. Las desconoció. El IPS presentó la denuncia contra las autoridades del IMAC.
Bien.
Pero también es la obra social que debe explicar por qué su propio sistema no advirtió antes el uso indebido de un sello apócrifo ni la firma cuestionada.
¿Fallas en el control? ¿Fallos en los protocolos?
Sea cual sea la respuesta, el IPS no está fuera de la escena: también queda expuesto.

Lo que este lío deja en claro

El sistema de salud salteño tiene una fragilidad estructural que hace que cualquier diferencia administrativa pueda convertirse en guerra pública.
La falta de controles automáticos genera sospechas donde tal vez no hay delito… o amplifica delitos que podrían haberse detectado antes, ratificando que sí hay delito.
El daño no es solo institucional: hay pacientes en el medio, muchos de ellos oncológicos, que necesitan previsibilidad, no escándalos.
En un sistema sanitario frágil, donde la salud pública depende en buena parte de prestadores privados, este tipo de conflictos no generan claridad: generan miedo.
Miedo a perder la atención, miedo a que nadie quiera atender al IPS, miedo a que profesionales queden expuestos a situaciones que no controlan, miedo a que las clínicas se cansen de la política y trabajen “solo con quienes pagan”.
A esta altura, lo único que queda claro es que IMAC, IPS y Falú cargan en público culpas que todavía no sabemos de quién o de quiénes son.
Y que la única institución que tiene la capacidad de resolver este tema —la Justicia— sigue sin entrar al escenario, o lo hace entre bambalinas.
Hasta que eso pase, esta obra no es un drama ni es un juego: es una tragicomedia con público cautivo y pacientes totalmente vulnerables.

¡Ay!, la Justicia

En todo este entuerto, o juego “misterioso”, la carta que falta mirar es la de la Justicia.
Todo lo que dicen IMAC, IPS y Falú son versiones (la de Falú, con mayor asidero de verdad), relatos de parte, defensas o quejas.
En cualquier lugar donde la Justicia funciona, este caso se resuelve de una sola manera:
Se toma la firma cuestionada. Se hace un peritaje grafológico. Se revisan historias clínicas, registros, auditorías. Se cruza documentación. Se determina si hubo fraude, error, abuso, omisión o mala fe, en síntesis: delito.
Fin del misterio.
Pero ese paso, el único que importa, todavía no ocurrió o no se sabe. Y mientras no ocurra, o no se sepa, todo lo demás es ruido, porque hay preguntas que flotan: ¿Quién presentó las órdenes al IPS?
¿Qué auditor del IPS validó esas prácticas?
¿Quién controló la trazabilidad interna del IMAC?

Especulaciones del periodista y de la gente común

Evidentemente hay algo que no está bien. Si la firma de Falú no es su firma, si el IMAC sí presentó al IPS facturas validadas en la (supuesta) firma de Falú para su cobro, si Saavedra dice que no hay fraude; ¿puede su titular no saber si hay una suerte de connvivencia, de “confabulación” entre “alguien” del IMAC y “alguien” de la auditoría del IPS para justificar el pago de esas prácticas no realizadas por Falú, quedando en el sistema de esa empresa la trazabilidad de la facturación y sin que él no se dé cuenta o no lo sepa?
Porque en esta historia, detalle no menor, hay $ 100 millones (por ahora) que no se sabe si desaparecieron o si estaban por desaparecer con destino incierto, pero con cara conocida.
¿Hay un IMAC paralelo?