La promesa de veto presidencial emitida por Javier Milei luego de que la oposición convirtiera en leyes los proyectos resistidos por el Gobierno —la suba a jubilados, la vuelta de la moratoria previsional, la distribución de impuestos a los combustibles, los aportes del tesoro (ATN), la asistencia a Bahía Blanca y los fondos para emergencias en discapacidad— generó reacciones en cadena, especialmente por el tono sarcástico y hasta cruel con el que fue comunicada.
Entre todo lo aprobado en el Senado, dos temas se destacaron por su sensibilidad: los jubilados y las personas con discapacidad. No solo por su impacto social directo, sino porque representan sectores históricamente vulnerados.
Analistas coinciden en que esta sesión fue más que un debate parlamentario: fue una disputa de poder entre el presidente y los gobernadores, quienes ordenaron a sus senadores hacer visible el reclamo por los fondos que Nación retiene. Milei, fiel a su libreto de “déficit cero”, se mantiene inflexible.

Milei prometió veto y judicialización.
El veto será, según el propio Presidente, un hecho. Pero no está claro que el Congreso lo convalide. Y si el Congreso lo rechaza, Milei ya anticipó su intención de judicializar lo votado.
Así, la reciente sesión del Senado marcó un hito en la relación Nación-Provincias, mostrando que el poder libertario no es absoluto. En Diputados, sin embargo, el panorama es más incierto: con una dinámica más lenta, fragmentación de bloques y factores externos (vacaciones, paro de pilotos, cierre de listas en PBA), la definición podría postergarse hasta agosto.
El oficialismo presiona para evitar una nueva sesión, pero la oposición insiste en que las leyes cuentan con blindaje constitucional, tras superar los dos tercios en la Cámara Alta. En paralelo, el respaldo social al Gobierno muestra señales de desgaste, lo que envalentona a los mandatarios provinciales.
