La medida será llevada a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad junto al PAMI. En la última auditoria, realizada en diciembre de 2024, se detectó que la gran mayoría de los beneficiarios no padecía la afección que declaraba tener. Por ese motivo, se dieron de baja 212 pensiones que eran cobradas por presos desde las cárceles y 150 por fallecidos.

Esta nueva auditoría se enmarca en el plan del gobierno de extremar los controles sobre las prestaciones que otorga el Estado, como la actualización de las condiciones para determinar la invalidez laboral.

Según el Boletín Oficial, en los argumentos el Ejecutivo explicó que “la normativa está nutrida de los baremos previamente confeccionados por expertos en medicina legal-laboral y en cada una de las especialidades y conocimiento de campo tanto en la valoración pericial del daño como en la evaluación de las condiciones de salud de los solicitantes de pensiones no contributivas, a lo largo de todo el país”.

En el baremo se presentó una serie de apartados que evalúan “cualitativamente” el grado de deterioro psicofísico según la condición. “La presente normativa permite contar con una clasificación para cada aparato o sistema, de los distintos grupos de afecciones psicofísicas según sean causales de incapacidad laboral suficiente para el otorgamiento del beneficio, evaluable, baja o nula”, señalaron desde el gobierno.

En una primera etapa, los organismos encargados de la tarea realizarán un análisis exhaustivo de la situación de cada pensionado y se hará una evaluación en territorio por médicos del PAMI. Luego se procesará toda la información para constatar cuál es la situación de cada beneficiario y si cumplen o no con los requisitos para obtener el beneficio y, finalmente, se emitirán los dictámenes que determinarán si corresponde suspender o mantener la pensión.