Mientras se informa que el municipio salteño llamó a licitación para construir un ”alambrado perimetral” en la frontera con Bolivia en el cruce fronterizo del Río Bermejo, el interventor asegura que "es para evitar la expansión de la narcofrontera", pero también se utilizará para “evitar que la gente pase hacia Bolivia sin hacer migraciones”.
La polémica está abierta con la confirmación del Gobierno de Salta en el marco del Plan Güemes, que sin dialogar con autoridades bolivianas, decidió avanzar en la construcción de un alambrado divisorio en la frontera con Bolivia con asistencia del Gobierno Nacional y el apoyo incondicional de la ministra Patricia Bullrich.
El interventor Zigarán, justificó esta medida porque según su relato “aparecían decapitados, gente ejecutada con precintos en las espaldas, mexicaneadas, sicariatos, era un descontrol" y que "por eso, el gobernador de la provincia pide asistencia a la Nación".
La idea de este alambrado impulsado por el gobierno salteño y apoyado por la Nación ya tiene su réplica en un comunicado por el cual Bolivia expresó su preocupación, dado podría afectar la convivencia pacífica entre ambos países.
“Los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común. Cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”, advirtió el gobierno boliviano en un reciente comunicado.
Zigarán reveló además que el alambrado tendrá 200 metros de ancho que irán desde la terminal del pueblo a la oficina de Migraciones, que contará con dos metros y medio de alto, y que se utilizará también para “evitar que la gente pase hacia Bolivia sin hacer migraciones”.
“En Aguas Blancas, la oficina de migraciones está a 200 metros de la terminal del pueblo, y esto paralelo al Río, por eso, todos llegan a la terminal, saltan un pequeño muro y salen a Puerto Chalanas y cruzan a Bolivia para comprar. No pasan ni por migraciones de ida ni de vuelta. Tampoco Aduana. Entran y salen ilegales”, denunció.
Luego de las críticas de la Cancillería boliviana, el interventor aseguró que el gobierno que lidera Luis Arce Catacora “está mal informado”, y reclamó la presencia de personal de Aduana y de seguridad en las fronteras.
“Qué bueno que ahora se preocupen porque desde que se lanzó el plan, tenemos dos pasos, dos controles integrados, y nosotros ponemos cuatro trabajadores de Aduana mientras Bolivia tiene solo uno”, cuestionó, y concluyó: “Lo que genera es un cuello de botella por eso reclamamos que pongan más gente. Realmente Bolivia no presta la colaboración adecuada para descomprimir”, concluyó.
