A primera hora de este lunes 10 de febrero se realizó una audiencia donde la Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, entendió que los delitos imputados y la posible comisión de "Peculado de Servicios" son delitos federales, al haber ordenado a empleados contratados de la Cámara de Diputados de la Nación para las cuentas truchas.

La causa que se tramita por intimidación pública, mantiene imputado al diputado nacional Emiliano Estrada, el empresario mediático Federico Mesa Saravia, y los empleados para la creación de los perfiles falsos Javier Allemand, Florencia Bustamante y Marco Capisano, declinó la competencia para avanzar en contra del legislador.

Durante la audiencia, señaló que "Estrada reviste la calidad de Diputado Nacional por la Provincia de Salta y que, habiendo sido él quien instruyó, y ordenó al Sr. Allemand y la Sra. Bustamante la creación, publicación de los videos analizados en autos (por la relación laboral existente entre ellos de jefe/dependientes) y que dicho trabajo habría sido financiado mediante fondos públicos de la Administración Pública Nacional (ambos son personal de la Cámara de Diputados de la Nación asignados como asesores del Diputado Estrada) es que corresponde analizar la competencia material de dicha Unidad Fiscal y de la Justicia Provincial en General".

Por ello, explicó que la causa se abrió sobre las cuentas de TikTok que fueron creadas por ciudadanos salteños para cometer posibles conductas encuadradas en el artículo 211 (Intimidación Pública) y/o en su caso conductas descriptas en los artículos 109 y 110 (calumnias e injurias) del Código Penal Argentino".

Aceptación de la Justicia Federal

En audiencia de excepciones, la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, declaró la competencia federal de una causa abierta en contra del diputado nacional, Emiliano Estrado, por los delitos de intimidación pública y peculado.

La decisión fue instada por el fiscal general, Eduardo Villalba, quien señaló como fundamento principal la decisión del titular de dicho juzgado provincia, Pablo Zerdán, quien el 6 de febrero pasado, mediante una resolución, declaró su incompetencia material para seguir adelante con la investigación abierta contra el legislador nacional, no así respecto a otras cuatro personas imputadas en la misma causa, las que seguirán ligadas a la justicia provincial.

El representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación, dejó en claro que “la justicia federal no es un órgano de apelación de las causas que se dirimen en la justicia provincial”. No obstante, y dada la investidura del acusado, como así también el presunto hecho de que, a partir de empleados de la Cámara de Diputados de la Nación, habría incurrido en una conducta ilícita que afecta los intereses nacionales, propuso aceptar la competencia.

Previamente, el abogado Jorge Ovejero, en representación de dicho diputado presentó el caso e instó el cambio de jurisdicción. Reveló que su cliente había sido imputado, entre el 16 y 21 de enero, por los delitos mencionados, causa que lleva adelante la Unidad Fiscal de Ciberdelito del Ministerio Público Fiscal de la Provincia.

Explicó, en resumen, que la acusación contra Estrada surge de evidencias que esa fiscalía reunió, y de las cuales, presuntamente, sindican a su cliente como autor mediato del delito de intimidación pública por haber ordenado la creación y difusión de videos en redes sociales, en los cuales se vinculaba al gobierno de Salta con actividades del narcotráfico.

El letrado, en su argumentación, sostuvo que el contenido de esos videos, en realidad, refieren a un discurso político, el que dio a conocer ya en octubre del año pasado en una sesión en el Congreso de la Nación, como así también a través de medios de difusión y en sus redes sociales.

Asimismo, y al referirse a la segunda imputación, por peculado, refirió también la necesidad que sea la justicia federal la que intervenga en la investigación de la conducta de su cliente, pues se trata de fondos nacionales.

A su turno, la jueza aceptó la declinatoria de competencia del juez provincial y, en consonancia con el fiscal general, aceptó la competencia federal respecto al legislador nacional, por considerar la posible afectación de “intereses de orden nacional”.