Una nueva decisión del Gobierno nacional volvió a generar fuerte polémica y preocupación en organizaciones vinculadas a discapacidad, salud y derechos sociales.
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, Nación eliminó el régimen mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y deja sin efecto un sistema que estaba vigente desde 2018.
Hasta ahora, las empresas de colectivos de larga distancia recibían una compensación económica parcial por parte del Estado por los boletos gratuitos que debían otorgar obligatoriamente a determinados sectores protegidos por ley: personas con discapacidad; pacientes trasplantados; personas en lista de espera de órganos; y niños, niñas y adolescentes con cáncer.
Con la nueva resolución, el Gobierno decidió eliminar ese esquema de subsidios argumentando que, tras la desregulación del transporte de larga distancia, las empresas ya tienen libertad tarifaria y pueden absorber esos costos dentro de su estructura económica.
Según el texto oficial, “la introducción de la libertad tarifaria implica una reconfiguración sustancial de la ecuación económico-financiera del sector”.
Tras las críticas y la repercusión pública, el Gobierno salió a aclarar que el derecho a viajar gratis no fue eliminado y que las empresas siguen obligadas por ley a otorgar los boletos sin cargo.
Es decir, las personas con discapacidad todavía conservan el derecho al pasaje gratuito, pero el Estado dejará de compensar económicamente a las empresas por esos boletos.
La fiscalización seguirá estando a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo que deberá controlar que las compañías continúen cumpliendo con la entrega de pasajes gratuitos.
Aunque oficialmente el beneficio continúa vigente, distintas organizaciones advirtieron que la eliminación de subsidios podría profundizar los problemas que ya existen para acceder a los pasajes.
En los últimos años hubo reiteradas denuncias de personas con discapacidad que señalaron dificultades para conseguir boletos gratuitos, cupos limitados, demoras y negativas por parte de algunas empresas de transporte.
El temor principal es que, sin compensación estatal, algunas compañías intenten restringir aún más la disponibilidad de pasajes o dificultar los trámites para acceder al beneficio.
Especialmente en provincias del interior, donde muchas personas deben viajar cientos de kilómetros para acceder a tratamientos médicos, controles o estudios especializados, el transporte gratuito representa mucho más que un beneficio económico: significa acceso a salud, inclusión y derechos básicos.
La medida se enmarca dentro del proceso de desregulación y reducción del gasto público impulsado por el Gobierno de Javier Milei en distintas áreas del Estado.
En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo sostuvo que el esquema anterior había perdido sentido dentro del nuevo modelo de transporte desregulado, donde las empresas tienen mayor libertad para definir recorridos, precios y modalidades de servicio.
Sin embargo, el anuncio volvió a abrir un debate social sensible:
hasta dónde puede avanzar el ajuste cuando impacta sobre sectores vulnerables.

OPINIÓN DEL PERIODISTA
Hay noticias que uno lee como periodista. Y hay otras que atraviesan como persona, porque sí, técnicamente el Gobierno dice que no eliminó el derecho al pasaje gratuito para personas con discapacidad, pero sinceramente… cualquiera que conozca un poco la realidad sabe que las cosas no funcionan solamente en los papeles y eso es lo que más angustia da, porque detrás de una resolución, detrás de términos administrativos o decisiones económicas, hay personas reales. Hay familias enteras que ya viven agotadas física, emocional y económicamente tratando de acceder a tratamientos, estudios médicos o simplemente a una vida un poco más digna.
Entonces duele muchísimo que otra vez el ajuste termine rozando siempre a los mismos. Porque quienes tienen una discapacidad en Argentina ya vienen luchando constantemente contra un sistema frío, burocrático y muchas veces cruel. Luchan para conseguir turnos, certificados, medicamentos, terapias, transporte, inclusión laboral, inclusión social… luchan hasta para ejercer derechos que deberían estar garantizados sin tener que mendigarlos. Y cualquiera que alguna vez intentó sacar un pasaje sabe que incluso con subsidios ya era difícil.
Muchas empresas ponían trabas, cupos limitados, excusas o hacían sentir a las personas que estaban molestando por pedir algo que les corresponde por ley. Entonces, claro que asusta pensar qué puede pasar ahora, porque cuando el Estado se corre y deja todo librado a la lógica empresarial, el miedo inevitable es que los derechos empiecen lentamente a transformarse en favores, y hay algo profundamente triste en eso.
Dice el dicho: “piensa mal y acertarás” y viene a colación porque –curiosamente- en el Tedeum del 25 de Mayo a cargo del arzobispo Jorge García Cuervas, en un pasaje dejó una frase muy fuerte que encaja perfectamente con la problemática de la discapacidad:
“Nadie es descartable, nadie es desechable.”
Y cuando habló de los sectores más vulnerables mencionó explícitamente a:
“los enfermos, las personas con discapacidad, los trabajadores precarizados…”
También dijo algo muy potente:
“Muchos hermanos experimentan estar paralizados en sus oportunidades y en su dignidad.”
Entonces, esta resolución, para mí, es la respuesta de Milei, que en la Catedral no mostró ningún signo de molestia, pero sabemos cómo es él.

A veces siento que como sociedad nos estamos acostumbrando peligrosamente a discutir derechos humanos desde una calculadora, y eso duele, porque detrás de cada pasaje hay una historia, hay una mamá viajando con su hijo a un tratamiento, hay una persona intentando llegar a un control médico, hay alguien peleando por vivir un poco mejor en un país donde todo parece hacerse cada vez más cuesta arriba.
Y quizás lo más doloroso de todo sea sentir que los sectores más vulnerables siempre terminan siendo los primeros sobre los que cae el peso de las decisiones, como si ayudar, acompañar o garantizar dignidad se hubiera convertido en un gasto incómodo en lugar de una obligación humana básica.
Sabemos que a Milei le interesa que el equilibrio fiscal pueda y deba cerrar en una planilla. Lo que no debería cerrar nunca es la puerta de un colectivo para quien ya bastante difícil tiene su viaje en la vida por su condición.
Y esto, el gobierno lo sabe, pero evidentemente no le importa.