Creo que, casi sin proponérselo, la Municipalidad, con esta intimación a SAETA, metió el dedo en la llaga de un tema mucho más profundo que unos simples carteles en los colectivos. Puso sobre la mesa un debate incómodo: ¿hasta dónde debe llegar la libertad para promocionar un negocio legal cuando esa publicidad puede influir sobre quienes aún no tienen la madurez suficiente para comprender sus riesgos?
Porque no todas las prohibiciones son iguales.
Algunas buscan impedir conductas ilegales. Otras intentan proteger a determinados sectores de la sociedad frente a actividades que, aunque sean legales, pueden generar consecuencias no deseadas.
Ese parece ser el caso de las apuestas online.
Apostar no es un delito para un adulto. Lo que hoy preocupa es otra cosa: la enorme exposición que tienen niños y adolescentes a mensajes que presentan el juego como una forma rápida y sencilla de ganar dinero, casi como si el esfuerzo hubiese dejado de ser el camino natural para alcanzar un objetivo.
Ahí aparece un dilema que merece ser debatido con seriedad.
Por un lado, está la libertad de una empresa para promocionar un servicio autorizado por la ley. Por el otro, el deber del Estado de proteger a quienes todavía están formando sus hábitos, sus valores y su capacidad para distinguir entre una promesa publicitaria y la realidad.
Pero hay otra pregunta que también merece hacerse.
Si el verdadero problema es evitar que los menores sean tentados por las apuestas online, ¿alcanza con retirar la publicidad de los colectivos cuando el mayor bombardeo llega todos los días a través del celular que llevan en el bolsillo? Redes sociales, plataformas digitales, influencers, transmisiones en vivo y hasta clubes deportivos exponen permanentemente a millones de jóvenes a ese mismo mensaje.
No es una discusión nueva. En su momento ocurrió con el tabaco. También con las bebidas alcohólicas y, en muchos países, con determinados medicamentos. Nadie prohibió que esos productos existieran. Lo que se reguló fue la forma de promocionarlos.
Quizá allí esté la verdadera discusión.
Porque el problema no parece ser la existencia de las apuestas, sino la manera en que se las presenta. Cuando una publicidad deja de mostrar un entretenimiento para vender la ilusión de que cualquiera puede hacerse rico con apenas un clic, deja de ser un simple aviso comercial para transformarse en un mensaje que puede generar falsas expectativas, especialmente entre los más jóvenes.
Toda regulación necesita encontrar un equilibrio. Proteger nunca debería convertirse en un argumento para restringir libertades sin fundamentos sólidos. Pero la libertad comercial tampoco puede desentenderse del impacto social que determinadas estrategias publicitarias pueden provocar.
Retirar un cartel de un colectivo es una decisión que puede ejecutarse en pocos minutos.
Lo verdaderamente difícil será construir una política capaz de proteger a los menores sin caer en soluciones meramente simbólicas. Porque la ludopatía juvenil no empezó en un colectivo y, seguramente, tampoco terminará cuando se retire el último ploteo.
Esa es la discusión de fondo.
Y cuanto antes nos animemos a darla, mejores respuestas podremos ofrecerles a quienes hoy son los más vulnerables.
La ordenanza ya está escrita. Lo que todavía queda por escribir es un debate mucho más profundo, y allí los concejales tendrán una responsabilidad que excede largamente esta intimación a SAETA. Porque el problema nunca fueron solamente los carteles. La verdadera pregunta es qué estamos haciendo para que nuestros chicos no crean que el futuro puede apostarse con un clic.