Argentina registra un creciente interés de inversiones tecnológicas vinculadas a la instalación de centros de datos (data centers), impulsados por la expansión de la inteligencia artificial, el almacenamiento en la nube y la digitalización de servicios.

Empresas internacionales y regionales comenzaron a mirar al país como una plaza atractiva dentro de América Latina, principalmente por su capital humano calificado en tecnología, costos competitivos en dólares y una infraestructura que, aunque desigual, muestra avances en conectividad.

En la región, gigantes como Amazon Web Services, Microsoft y Google ya han invertido miles de millones de dólares en centros de datos en países como Brasil, Chile y México. Argentina, aunque más rezagada, comienza a aparecer en ese mapa.

A nivel local, compañías como Telecom Argentina y Claro Argentina han desarrollado infraestructura de data centers, mientras que firmas globales analizan oportunidades de expansión futura si se consolidan condiciones macroeconómicas estables.

Según estimaciones del sector, la construcción de un data center de escala media puede requerir inversiones que oscilan entre USD 50 millones y USD 500 millones, dependiendo de su capacidad y tecnología. Sin embargo, el impacto en empleo directo suele ser limitado: una vez operativos, estos centros emplean relativamente pocas personas en comparación con otras industrias.

Uno de los principales desafíos es el alto consumo energético. Los centros de datos requieren grandes volúmenes de electricidad para operar y refrigerar sus sistemas, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema energético argentino y la necesidad de integrar fuentes renovables.

A su vez, especialistas advierten sobre la soberanía digital, es decir, quién controla, almacena y procesa los datos generados en el país. La ausencia de una regulación clara y actualizada podría dejar a Argentina en una posición vulnerable frente a actores globales.

En este contexto, el debate no pasa solo por atraer inversiones, sino por definir bajo qué condiciones llegan: incentivos fiscales, exigencias de infraestructura, uso de energías limpias y garantías sobre el manejo de la información.