La situación de Manuel Adorni se vuelve cada vez más incómoda a medida que emergen nuevos interrogantes sobre el entramado patrimonial y político que rodea al vocero presidencial, uno de los rostros más visibles del gobierno de Javier Milei.

Lo que en otro tiempo hubiera sido denunciado por el propio oficialismo como un ejemplo de "casta" -si sus protagonistas hubieran sido aquellos a quienes desplazaron- hoy encuentra al libertarismo obligado a explicar, relativizar, justificar o directamente callar frente a situaciones que contradicen el relato con el que llegó al poder.

Y el caso Adorni no aparece aislado.

Se suma a una lista cada vez más extensa de episodios que golpean la narrativa fundacional de La Libertad Avanza.

Las sospechas de corrupción en la ANDIS -causa aún vigente- generaron repudio transversal por tocar un área extremadamente sensible: fondos destinados a personas con discapacidad. Porque si la corrupción existió donde debía protegerse a los más vulnerables, el escándalo no es solo político: es moral.

También aparecen las controversias en torno al caso $LIBRA, que involucra al propio presidente y que, aunque aún no tiene resolución definitiva, dejó instalada una discusión incómoda para el oficialismo. Las investigaciones judiciales y regulatorias siguen analizando responsabilidades civiles, comerciales y eventualmente penales de quienes participaron o promocionaron el proyecto. La maniobra dejó decenas de miles de damnificados en el mundo y más de 114 mil billeteras virtuales con pérdidas, según informes técnicos y legislativos.

Cuando una operatoria deja semejante cantidad de afectados, ya no se discute un error de mercado: se discute una responsabilidad política o una argucia delictiva.

La flexibilidad del Banco Nación con los funcionarios del poder es sumamente llamativa.

A eso se suman las denuncias por retornos y aportes partidarios compulsivos, junto con la polémica por préstamos millonarios otorgados desde el Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo.

Varios beneficiarios accedieron a créditos hipotecarios y prendarios por montos que, según registros difundidos públicamente, superan en algunos casos los 300 y hasta 500 millones de pesos. Los denunciantes sostienen que algunos receptores no tendrían ingresos o patrimonio compatibles con los créditos otorgados, mientras la Justicia analiza si existieron condiciones preferenciales.

Más allá de la legalidad, el punto político es evidente: dirigentes que cuestionaban el rol del Estado terminan utilizando beneficios financieros de un banco estatal.

Aunque judicialmente aún deba probarse si hubo delito, el costo político ya existe. No porque esté demostrado un ilícito, sino porque golpea directo al corazón del relato anticasta.

Hay además una larga serie de conflictos internos, escándalos partidarios y designaciones cuestionadas.

En apenas poco más de dos años de gestión, el espacio que construyó su identidad sobre la promesa de combatir privilegios, desterrar la vieja política y enfrentar a "la casta" comienza a exhibir prácticas demasiado parecidas a aquellas que decía venir a erradicar.

Qué pasa en Salta

En Salta también existen ejemplos locales de esa contradicción.

El caso más resonante es el del exconcejal libertario Pablo López, denunciado en 2025 por una militante y expareja que lo acusó de hostigamiento, violencia y de exigir favores sexuales a cambio de dinero o de liberar parte de haberes retenidos.

A raíz de esa denuncia, el Concejo Deliberante aprobó su exclusión por "incapacidad moral sobreviniente". Sin embargo, posteriormente volvió a quedar en condiciones de asumir una banca al no existir una inhabilitación judicial firme, reabriendo la polémica institucional.

El episodio golpeó de lleno el discurso de renovación moral del espacio, generó tensiones internas en LLA Salta y abrió cuestionamientos sobre los filtros de selección de candidatos.

Como señalaron analistas políticos locales: "El problema no es solo quién cayó en desgracia; también quién lo puso en la lista sabiendo -o sin querer saber- quién era".

Promesas vs. realidad

La llegada de Javier Milei al poder tuvo múltiples explicaciones, pero una resulta evidente: capitalizó el hartazgo social frente a los excesos y fracasos del kirchnerismo.

Sobre esa base construyó un discurso con premisas claras:

Terminar con la casta; Achicar el Estado; Bajar impuestos; Eliminar privilegios; Cerrar el Banco Central; Dolarizar o permitir competencia de monedas; Reducir el gasto público; Privatizar empresas estatales; Liberar la economía y devolver orden institucional.

Todo resumido en una promesa central: "No venimos a administrar el sistema; venimos a cambiarlo".

Acompañado por consignas como: "No hay plata"; "La casta tiene miedo" y "Viva la libertad, carajo".

Hoy, buena parte de aquellas promesas parecen haber quedado en deuda.

Porque la casta sigue viva.

Con el cierre del programa "Remediar", más preocupación para la castigada sociedad.

Hoy, con resultados alarmantes, con casi 280 mil nuevos desempleados, con la eliminación de programas como “Potenciar Trabajo”, ahora “Remediar”, con la quita de remedios oncológicos al sector más desprotegido: nuestros abuelos, y un sinnúmero de otros aditamentos sociales que “ayudaban” al segmento común, la realidad genera un hartazgo similar al que posibilitó su llegada al poder.

Y lo peor es que, quienes se presentaron como impolutos frente a la sociedad, hoy aparecen, cuanto menos, salpicados por las mismas prácticas que juraron combatir.